Durante una entrevista para El Periódico, a raíz del estreno de Outrage 3 en la Mostra de Venecia, Takeshi Kitano explicaba que su trilogía aspira a representar el estado actual de la yakuza japonesa. Decía: “Mi intención siempre fue que para el espectador contemplar Outrage fuera como ver uno de esos documentales sobre la naturaleza en los que ves a insectos matándose entre ellos, u hormigas persiguiendo gusanos”. Y, a continuación, “en el mundo real la yakuza es tan violenta como en mis películas, con la diferencia de que los gánsteres reales nunca dejan que la policía encuentre los cadáveres”. Con estas palabras en mente, desde Mediatres hemos querido rastrear los pasos de la famosa organización criminal japonesa para entender la compleja base ética e histórica sobre la que planean las tres películas de la saga, que verá en Outrage 3 su sangriento desenlace.
Para entender los inicios de aquello que llamamos yakuza, nos ayudará entender qué significa la palabra en primer lugar: yakuza, “bueno para nada”, viene de una expresión nacida en el seno de un antiguo juego de cartas japonés, similar al veintiuno occidental. Las cartas ya-ku-sa (“ocho, nueve, tres”), sumadas, formaban una mano completamente inútil. Los yakuza, antes incluso de estar agrupados, también eran considerados por la población nipona un estorbo: venían del Burakumin, la casta de intocables, a la que se marginalizó por ley desde principios del siglo XI hasta el año 1869 (hoy día, de hecho, más de la mitad de los miembros de la yakuza aún desciende del Burakumin).
Si bien la ley que obligaba al aislamiento de la casta fue derogada en 1603, el estigma social aún planeaba sobre las cabezas de los ciudadanos; integrarse no sería fácil. Muchos Burakumin decidieron recurrir a los delitos menores para subsistir, a base del dinero de pequeños robos y de la fundación de las primeras casas de apuestas ilegales (bakuto). Pero los hurtos duraron poco, pues los miembros de la casta pronto encontraron una alternativa: se organizaron para ofrecer a las gentes de los pueblos un servicio que la policía no les podía dar. En grupos, empezaron a montar guardias para proteger a los pequeños comercios de los bandidos, a cambio de una donación regular de dinero. Había nacido la yakuza, aún lejos de la imagen que las películas ambientadas en el crimen japonés traerían a Occidente.
La yakuza clásica se alimenta a base de los negocios de prostitución, extorsión y tráfico de drogas, además de encargos de empresas y particulares. Pero, más allá del interés económico, lo que une a los miembros de un clan es el estricto código de relaciones oyabun-kobun: un solo patriarca (kumicho) gobierna sobre todo el grupo y el resto de integrantes se organizan de forma piramidal, entre líderes (oyabun) y subordinados (kobun), a los que se compromete en un ritual iniciático. En esta suerte de familia, todo es rito y prueba. El antiguo nombre para sus icónicos tatuajes, gaman, se traduce como “resistir” o “aguantar” por el dolor que antiguamente provocaban las heridas causadas por las agujas en las espaldas de los tatuados. Otra prueba, esta vez de lealtad, venía con la purga de las faltas cometidas a través del corte ritual de la falange o yubitsume.
Pero el yakuza no se ha mantenido solo a base de honor. “Los yakuza son los mejores emprendedores de Japón con diferencia”, comentaba recientemente el experto en economía Robert Feldman. Tanto es así que durante los años ochenta los clanes decidieron modernizarse y se aliaron con algunas de las grandes compañías constructoras. Su tarea: presionar, de formas más o menos discretas, a los pequeños propietarios para que vendiesen sus terrenos a tales empresas. Los yakuza también entraron en el mundo empresarial, comprando acciones de firmas sobre las que querían tener control y prestando enormes sumas de dinero a los directivos a cambio de poder de decisión. Pronto se habían introducido en la política –y allí siguen, detrás por ejemplo de la escandalosa dimisión del Ministro de justicia en 2012 por su relación con el clan Inagawa-kai.
Aunque los miembros de la yakuza no están estrictamente perseguidos por ley, desde 1992, con la Ley contra el crimen organizado, las medidas para regular su actividad son cada vez más estrictas. Para empezar, el Gobierno pidió a sus aliados extranjeros que congelasen las cuentas de bancos extranjeros donde los clanes depositaban sus beneficios. Más tarde, en 2008, los crímenes cometidos por los miembros inferiores de la familia pasaban a ser responsabilidad de los jefes, los cuales, para ahorrarse el paso por la cárcel, pagaron al Estado grandes sumas de dinero en fianzas. Además, una de las mayores fuentes de ingresos de los grupos, la recaudación de dinero de parte de los comercios a los que protegían, también se vio cortada por ley en 2011. Esta misma ley prohibía a los partidarios de la mafia hacer negocios con empresas externas, hasta el punto en que los miembros de la yakuza podían ser rechazados a la hora de alquilar un apartamento, abrir una cuenta bancaria o adquirir una tarjeta de crédito. El año pasado, a causa de todos estos impedimentos, el número de deserciones de la familia, considerado sacrilegio no tantos años atrás, llegó a extremos históricos: en 1963, la yakuza tenía entre sus filas a 184.000 personas, mientras que en verano de 2017, como informaba la Agencia Nacional de Policía, solo quedaban 34.500 seguidores formales e informales en los clanes nipones. Para rematar, los datos muestran que la media de edad está aumentando rápidamente.
Aunque este es obviamente un problema para la mafia, que se queda sin empleados por pura falta de liquidación, hay otro gran asunto en juego: el respeto de la sociedad nipona. La protección que los clanes habían proporcionado a los ciudadanos japoneses durante la ocupación estadounidense, en los años más duros de la posguerra, había dado una cierta legitimidad a la yakuza, que pasaron a ser considerados un mal necesario (de ahí sus buenos números en los sesenta). Pero los años han pasado y las rencillas entre clanes siguen manchando la imagen del países con uno de los controles de armas más estricto del mundo. Hace solo dos meses, tras el asesinato de un empresario coreano en manos de la yakuza japonesa, el Sindicato del Crimen de Kanto (Kanto Shinbokukai) emitió una carta en la que pedía a sus afiliados que usasen las armas de fuego “con prudencia”, por lo menos durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020. Con su prestigio en mente, además, los clanes se afanado desde siempre a traer recursos materiales y humanos para reparar los daños que los mayores desastres naturales han causado en el país. En 2011, tras el colosal tsunami en Fukushima, los primeros en aparecer en el lugar, antes incluso que los servicios públicos, fueron decenas de camiones de la yakuza. Desde mantas hasta voluntarios, que colaboraron en las más arriesgadas tareas de limpieza de la central nuclear: los clanes estaban ahí para ayudar. Que después se descubriese que esos voluntariosos hombres eran en realidad personas sin techo o endeudadas con ellos, que habían aceptado el trabajo sin saber a lo que se exponían, eso es otra cosa. ¿Quién espera que los métodos de la mafia sean limpios?
En la actualidad, hablar de yakuza es problemático, por el simple hecho de que no existe una sola realidad yakuza, sino muchas. Por un lado, las élites metropolitanas prosperan. El verano pasado, uno de los altos cargos del clan Yamaguchi-gumi anunció que la intención de la familia era dedicarse a la construcción y explotación de casinos, regulados y rentables. Pero la vida de los miembros pertenecientes a los clanes rurales es muy diferente. El pasado abril, un jefe de la Kobe-Yamaguchi-gumi fue arrestado por intentar llevarse sin pagar 64 artículos de un supermercado en Nagoya. Aún peor: Jeff Kingston, director de los Estudios Asiáticos de la Universidad de Temple, explicaba que, para pagar sus “tarifas de honor” a los altos cargos de la familia, muchos yakuza se ven obligados a vender en mercados todo tipo de frutas y verduras, robadas a los campesinos. Los mismos agricultores se están organizando para detener a los numerosos individuos que cada noche inundan sus campos para coger melones, una de sus mercancías favoritas. Otra de sus pesquisas para subsistir es pescar y vender pepinos de mar, una especie protegida en el país. La multa por esta infracción solo puede ascender a los 10.000 yen (unos 80 euros), por lo que es un delito que sí les vale la pena arriesgarse cometer –tanto que recientemente el jefe del mismo Yamaguchi-gumi fue descubierto con 60 toneladas de este pescado en su posesión.
Por otra parte están todos aquellos yakuza que se han desvinculado de las familias sin que nadie tenga registro de su ocupación actual: hay quien pronostica que han empezado a actuar en secreto, ocultando sus tejemanejes al público. Quién sabe si este será el comienzo de una nueva mafia japonesa.